Defensa de la financiación de la educación: buenas prácticas de Latinoamérica y el Caribe

En la tercera edición de una serie de publicaciones titulada “Defensa de la sociedad civil del derecho humano a la educación: historias y lecciones aprendidas de Latinoamérica y el Caribe” la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta el trabajo realizado por sus miembros en la defensa del derecho a la educación. El siguiente extracto se centra concretamente en historias y lecciones aprendidas en la defensa de la financiación de la educación.

 

Argentina

A finales de 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina, promoviendo cambios en la política educativa en línea con la implementación de una agenda socio-económica de ajustes fiscales, que tuvo un impacto negativo en las condiciones de vida de la población. La pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, y una tasa de inflación anual del 23,5%, agravaron el contexto nacional, afectando a las trayectorias educativas de niños y adolescentes.

Con la visión de contrarrestar la perspectiva defendida por el gobierno, presentar otra información e interpretaciones sobre el modelo económico y educativo que se ha implementado en el país, la Campaña argentina por el derecho a la educación (CADE) desarrolló, en julio de 2017, en alianza con los sindicatos académicos y docentes, el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿hacia dónde van las actuales políticas educativas?”.

El informe muestra que los fondos públicos destinados a la educación como parte del presupuesto nacional 2017 representaron una pérdida del 13% en participación respecto al presupuesto de 2016. Esto implicó una devaluación de los salarios de los profesores, que permanecieron un 16% por debajo de la inflación en 2017. Además, se identificó un recorte en recursos para programas socio-educativos, infraestructuras escolares, actividades culturales e informatización de los centros educativos, mientras el gobierno pasó a gastar más en el pago de deuda pública que en educación. Por cada peso invertido en educación en 2017, 1,55 pesos se destinaron a los acreedores del Estado.

Una vez que se finalizó este primer análisis, la CADE identificó la necesidad de comenzar la producción de un segundo documento, en el que se formularon las propuestas a los retos y contratiempos señalados en el primer informe. En este sentido, en mayo de 2018, la Campaña publicó el documento “Contribuciones a las políticas educativas públicas”, que propuso la creación de una nueva Ley nacional de financiación de la educación, que garantiza los recursos suficientes y adecuados para proporcionar una educación inclusiva y de calidad con unos objetivos y un calendario bien definidos. Además, señala la necesidad de garantizar la inversión para este campo como prioridad social y política, para un respaldo a largo plazo de todo el sistema educativo.

 

 

Brasil

 En diciembre de 2016, el Congreso Nacional aprobó la enmienda constitucional 95 (Enmienda Constitucional 95 – EC95) e instituyó un nuevo régimen fiscal en el país, congelando la asignación mínima de recursos para educación, garantizada por la Constitución Federal para los próximos 20 años. La enmienda determina que el valor máximo del gasto público en educación, salud y asistencia social, debe estar condicionado en función al valor asignado el año anterior, corregido tan sólo por la inflación anual. La Campaña nacional por el derecho a la educación de Brasil (CNDE), denunció la situación a las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nuevo régimen económico implica dificultar el logro de las metas del Plan nacional educativo (PNE) 2014-2024, en el que se incluye: la expansión de la matriculación y la ampliación progresiva de la naturaleza obligatoria de la educación básica, la reducción del analfabetismo, la mejora de la calidad de la educación, la formación del profesorado y la financiación de la educación. La CNDE ha promovido la investigación, la formación, la reivindicación, la comunicación, la movilización y el intercambio de acciones de aprendizaje, para garantizar una financiación justa para el derecho a la educación. En especial, formó parte de las discusiones sobre la concepción de un nuevo fondo para el mantenimiento y desarrollo de la educación básica y los profesionales de la educación en el Congreso Nacional, influyendo en la implementación de Costo Alumno Calidad (CAQ) y del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi). Estos mecanismos creados por la CNDE se incluyeron en el Plan nacional de educación y establecen parámetros para el gasto público que garantizan el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, para todos.

En un escenario tan regresivo para la financiación de la educación, el PNE completa su quinto año de incumplimiento. La Campaña nacional por el derecho a la educación ha monitoreado los efectos negativos de estas políticas de ajuste económico y fiscal para la educación nacional y el PNE, en base al desarrollo de investigación que analiza políticas económicas con un énfasis en su impacto en políticas sociales. La Campaña también se ha unido a la movilización social por todo el país contra los recortes presupuestarios en derechos sociales, llamada “Direitos valem mais”.

 

Colombia

En 2017, la Coalición colombiana por el derecho a la educación (CCDE) discutió con otras organizaciones sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles, la importancia de los instrumentos financieros para la educación para los distintos departamentos y municipalidades del país.

En septiembre de ese año, la CCDE organizó un evento en el Congreso de la República, convocado por el parlamentario Senén Niño, en alianza con el Frente amplio por la educación, los derechos y la paz. También se organizó un evento en la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, que convocó a más de 500 personas, incluyendo estudiantes, profesores y activistas. Estas dos reuniones abordaron los desafíos relacionados con la des-financiación de la educación pública colombiana a todos los niveles, así como propuestas para una reforma constitucional que garantice una mayor distribución de los recursos a los territorios, para que puedan ser invertidos en educación, salud y saneamientos básicos. Bajo el lema “¡la educación se moviliza contra el recorte presupuestario!”, en octubre y noviembre de 2017, se realizaron diferentes actividades para subrayar la importancia de garantizar una financiación adecuada y suficiente de la educación en todas sus etapas.

Durante 2018 y 2019, en el marco de un acuerdo entre estudiantes, profesores y el gobierno nacional para una mayor financiación de la educación universitaria pública, la CCDE continuó la lucha para la asignación de más recursos para el derecho a la educación y el seguimiento de los compromisos, en diálogo y alianza con estudiantes y profesores del país.

 

 

El Salvador

En 2014, en el contexto de las elecciones presidenciales y con la vista puesta en ejercer influencia sobre los planes y propuestas de los candidatos, RESALDE desarrolló y presentó un estudio llamado “Financiación de la educación en El Salvador”. Los datos de la investigación revelan la necesidad de aumentar la inversión pública en educación a lo largo del país para obtener la financiación adecuada y suficiente. En base a estas conclusiones, la red desarrolló la campaña “6% sí, para la educación” exigiendo la inversión de, al menos, el 6% del Producto Nacional Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación, desde la primera infancia hasta la educación terciaria.

RESALDE contactó con los responsables de la toma de decisiones, alcaldes, el Ministerio de Educación y cada agente de la Asamblea Legislativa Nacional, para defender la priorización de la educación en presupuestos y políticas. La red mantuvo conversaciones, en especial con miembros de la Comisión de educación y cultura de la Asamblea Legislativa, que respaldó con solidez la campaña, y esto condujo a la creación y propuesta de un proyecto de ley preliminar, en alianza con la sociedad civil, para una ley especial sobre la financiación de la educación.

Para RESALDE, existen retos por delante: mantener el diálogo con las autoridades nacionales elegidas en las últimas elecciones presidenciales de febrero de 2019, y hacer avanzar la conversación con el Departamento del Tesoro, para lograr su respaldo al envío de un proyecto de ley preliminar sobre la financiación de la educación, a votarse en Sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.

 

Haití

Influir sobre la opinión pública y establecer relaciones con miembros del Parlamento, fueron las estrategias adoptadas por el Regroupement Education pour Toutes et Tous (REPT) de Haití, para hacer frente a las exorbitantes cuotas escolares del sector privado en el país, donde más del 80% de las escuelas son privadas. La presión contra la regulación de estas cuotas fue tan fuerte que, aunque se aprobó una ley en 2009, se publicó tan sólo ocho años después. Dos lecciones se aprendieron de esta persistente acción de reivindicación: la importancia de esta ley tuvo que mantenerse en la agenda pública durante este periodo, y la exigencia de publicarla tuvo que venir del nivel comunitario.

En el contexto de la última edición de la Semana de Acción Mundial por la Educación SAME 2019, REPT destacó la necesidad de infraestructuras y materiales escolares accesibles e inclusivas que tengan en cuenta a personas con discapacidades, así como la formación de profesores en inclusión, también teniendo en cuenta a los profesores con discapacidades. Del mismo modo, la coalición demandó una financiación adecuada y suficiente para garantizar el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad, a través de la implementación del Fondo Nacional para la Educación (FNE).

 

República Dominicana

En 2017, en el contexto de la movilización regional “¡Financia lo que es justo!”, el Foro Socioeducativo (FSE) y otras organizaciones sociales, exigieron en una conferencia de prensa, y con protestas frente al Congreso Nacional, ser escuchadas y tener espacio para participar en el debate de la Ley Presupuestaria 2018. Además, en esa ocasión, FSE y Oxfam organizaron dos conversaciones con el tema “Más allá del 4%: suficiencia y calidad del gasto en la educación pre-universitaria”, donde presentaron el documento “Notas sobre los requisitos y los retos a la financiación de la educación pública en la República Dominicana”.

En el contexto de la SAME 2018, el FSE organizó una reunión para discutir el progreso y los desafíos cuatro años después de la firma de la Pacto Nacional por la Reforma Educativa. En diciembre de ese mismo año, el Foro, en alianza con la fundación InteRed, presentó el Boletín nº 20 del Observatorio del Presupuesto en Educación, con un énfasis en el análisis de “Descentralización y transferencias de recursos a los Consejos de los centros educativos”.

En el periodo 2015-2019, el FSE continuó promoviendo actividades para monitorear la calidad del gasto en educación dominicana, a través del Observatorio del presupuesto educativo.

 

CLADE: ¡Financiar lo que es justo!

CLADE, junto a sus miembros, organizó una movilización regional bajo el eslogan “¡Financiar lo que es justo! Por una educación gratuita y pública para todos”. La iniciativa se presentó en septiembre de 2017, dentro del ámbito de la primera Semana latinoamericana de acción por el derecho a la educación, y a continuación de la 72ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las acciones continuaron durante 2018 y 2019.

El propósito de la iniciativa “¡Financiar lo que es justo!” es presionar a los gobiernos de la región para que cumplan con los acuerdos internacionales realizados en términos de la financiación de la realización del ODS4, dando prioridad al uso efectivo de recursos para garantizar una educación gratuita, pública y de calidad para todos. La campaña también busca aumentar la concienciación de los miembros de la comunidad educativa y la sociedad en general, sobre la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, y contar con un sistema fiscal justo e igualitario para garantizar recursos sostenibles para la educación.

CLADE también advirtió sobre los retrocesos en los presupuestos educativos observados en distintos países de Latinoamérica y el Caribe (LAC). En este contexto, se lanzó el “Sistema de monitoreo de la financiación del derecho humano a la educación en Latinoamérica y el Caribe”. Se trata de una plataforma virtual que recopila información sobre la financiación pública de la educación en 20 países de la región, para el periodo 1998-2016.

La campaña ¡Financiar lo que es justo! adoptó, para su movilización y sus acciones de reivindicación, los principios de las 4 S desarrolladas por la CME:

  • Size (tamaño): aumentar el tamaño del presupuesto educativo general;
  • Share (partida): aumentar el porcentaje del PIB y la partida del presupuesto nacional dedicado a la educación;
  • Sensibilidad: sensibilidad del gasto en educación, dando prioridad a la reducción de las brechas sociales y los derechos de los grupos más desaventajados;
  • Scrutiny (escrutinio): escrutinio/participación social en la toma de decisiones y seguimiento del presupuesto educativo.


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