COVID-19 en América Latina y el Caribe: La crisis revela nuestras desigualdades y demanda el fortalecimiento de los sistemas públicos

COVID-19 en América Latina y el Caribe: La crisis revela nuestras desigualdades y demanda el fortalecimiento de los sistemas públicos

Los impactos de la crisis que vivimos por la pandemia COVID-19 en la educación no tienen precedentes, y nunca se había visto una interrupción tan masiva de clases alrededor del mundo. A nivel global (según datos de la UNESCO de 28 de abril), cerca de 1.3 billones de estudiantes de 186 países fueron afectadas/os por el cierre de escuelas en consecuencia del virus, lo que representa casi el 74% del total de estudiantes matriculadas/os. En América Latina y el Caribe, por lo menos 40 Estados suspendieron las clases presenciales y decretaron cuarentena como medida de prevención.

Para millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región, especialmente los y las en situación de mayor vulnerabilidad, el cierre de las escuelas implica la pérdida temporaria de una red de seguridad fundamental, que va más allá del goce del derecho a la educación e incluye la nutrición, la protección, la salud y el apoyo emocional. En ese contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresó en posicionamiento público su preocupación por el impacto de la pandemia en lo que toca a la profundización de desigualdades históricas que marcan nuestro continente.

Estudiantes, especialmente aquellas/os de familias de bajos ingresos, cuentan con los comedores escolares para acceder a una alimentación diaria y saludable, lo que exige la implementación de políticas de seguridad alimentaria y formas flexibles de distribución de alimentos a las familias de estudiantes que así lo necesiten, así como otros mecanismos para atender a las necesidades de quienes dependen de la alimentación escolar. Hay países, como por ejemplo Argentina, que ha puesto mucho énfasis en asegurar que estos programas de alimentación escolar sigan. Muchos otros no logran dar una respuesta rápida a esta cuestión, pero quedó muy en evidencia como la escuela y el espacio educativo son también un ámbito de realización del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.

Con la actual pandemia, también quedó al desnudo que la escuela es, en muchos casos, un espacio de protección contra la violencia doméstica y los abusos sexuales. Los movimientos feministas y de  mujeres de la región, inclusive, llaman la atención sobre como, desafortunadamente, el feminicidio aumentó en el contexto de la crisis. Tener conciencia de que la escuela en la cotidianidad es un espacio de protección y realización de otros derechos es muy importante. Son elementos que refuerzan la importancia de la insectorialidad en las políticas públicas.

Las desigualdades socioeconómicas y las discriminaciones étnico-raciales, geográficas y de género, entre otras, que históricamente han caracterizado a nuestra región, quedan más visibles en la presente crisis. En ese sentido, queda evidente la necesidad de garantizar políticas de protección social, apoyo económico y asistencia médica a las personas en vulnerabilidad social y económica, así como aquellas que se ven más afectadas por motivo de género, o debido a su situación laboral frágil, estatus de migrante o refugiada, discapacidad, edad avanzada, residencia en zonas alejadas, contextos de conflictos, o cualquier otra condición de estigmatización y discriminación social.

Educación a distancia como única respuesta: riesgos de profundizar las desigualdades

Muchas niñas, niños y adolescentes de familias con pocos recursos o que habitan zonas rurales, gran parte de estas personas indígenas o afrodescendientes en nuestra región, no tienen acceso a insumos que les permitan acceder a la educación a distancia, en especial cuando se trata de computadora e Internet. El contexto, por lo tanto, exige poner en marcha iniciativas que de hecho puedan llegar de manera equitativa a los y las estudiantes de un determinado contexto. Eso requiere ir más allá de iniciativas que dependan de la computadora e Internet, como ya distintos organismos y gobiernos están recomendando y realizando. Es importante llevar a cabo una pluralidad de iniciativas para mantener procesos de enseñanza aprendizaje durante el periodo de cierre de escuelas, pensando desde y con los y las docentes, que incluyan las que no requieran de tecnología, utilizando radios, televisiones, materiales impresos, así como Internet, siempre y cuando esté disponible a todos y todas en un determinado contexto. Fundamentalmente, la estrategia tiene que ser relevante, sensible al entorno y a su lengua, llegar a los y las estudiantes de manera igualitaria, así como ser sensible a la realidad de las familias, incluso en lo que toca el tiempo de apoyo y la infraestructura que la iniciativa requiere.

Más allá, existen preocupaciones respecto a la privacidad y la protección de datos de niñas, niños, adolescentes y de la ciudadanía de manera general, ya que las empresas y plataformas que ofrecen herramientas de educación a distancia a las escuelas suelen ver en la exploración de datos personales de sus usuarias e usuarios una fuente oculta de lucro. Desafortunadamente, la amenaza del llamado “capitalismo del desastre” (término de Naomi Klein) está presente, y muchas empresas de tecnología y del campo educativo con fines de lucro ven en la actual crisis una dicha “ventana de oportunidad” para vender sus aplicaciones y paquetes de materiales y recursos a gobiernos nacionales, estados y municipalidades de los diferentes países.

Asimismo, es crucial que cualquier mecanismo de educación a distancia jamás podrá o deberá sustituir la educación presencial, considerando la interacción entre personas y la socialización que la presencialidad implica y son fundamentales para la plena realización y el disfrute del derecho a la educación.

Descaso histórico con los sistemas públicos de salud, educación y otros derechos

La pandemia puso en evidencia las dramáticas consecuencia de la precarización de los servicios públicos que tantos gobiernos venían practicando en América Latina y el Caribe sin problematización, y la urgencia de revertir dicho escenario. En ese sentido, el derecho a la educación y a la salud están en mayor riesgo especialmente en aquellos contextos en donde estos derechos ya venían siendo desvalorizados y desfinanciados, a ejemplo de la situación de calamidad a que se llegó en Guayaquil, Ecuador. La pandemia también puso en evidencia que los derechos humanos se realizan conjuntamente, o sea, para que el derecho a la educación se realice, es necesario que exista una buena salud pública, seguridad social, políticas de empleo, y así por delante.

En Perú, por ejemplo, hubo un reconocimiento muy contundente por parte de la presidencia de que es más urgente que nunca, que se vuelva a invertir de manera firme, sólida y radical en salud pública, en educación pública y otros derechos humanos. Editoriales de periódicos también empiezan a cuestionar el Estado mínimo, promoviendo la idea de que el Estado, realmente, tiene que invertir mucho más en el estado de bienestar social.

Por otro lado, la interrupción masiva de clases pone gran presión en el cotidiano de las familias, especialmente las más vulneradas, que muchas veces se encuentran atravesando un periodo de mayor precariedad laboral o desempleo, y especialmente pone mayor presión en las mujeres, que atraviesan triples jornadas agotadoras de trabajo. Respecto a las y los trabajadoras/es de la educación, los sindicatos y redes de educadoras/es demandan que los Estados aseguren la continuidad de su remuneración y el apoyo necesario en el período de la pandemia.

En ese sentido, es fundamental fortalecer medidas de apoyo, valorización, formación y remuneración a las y los profesionales de educación, así como adoptar medidas de acción afirmativa, como programas de renta básica de emergencia para personas con menores ingresos y en situación de vulnerabilidad social y desempleo, al igual que la suspensión de su cobro por servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas, telefonía e Internet, entre otras medidas.

El momento es de emergencia, y exige el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de un paquete de medidas y políticas públicas intersectoriales, pues los derechos a la salud, educación y a vivir en dignidad, entre otros, apenas se aseguran de manera efectiva cuando realizados conjuntamente y de manera coordinada entre los distintos sectores gubernamentales.

Acción desde la sociedad civil y reflexiones hacia futuro

Como se mencionó brevemente, algunos países de la región están haciendo esfuerzos para superar y mitigar los efectos de la pandemia, aunque muchas veces las respuestas se den en un tiempo mayor que lo requerido y sin involucrar como deberían a la sociedad civil en la búsqueda consensuada por caminos y soluciones[1].

Como contribuciones y aportes desde la membresía de la CLADE, se han impulsado guías para comunidades educativas, autoridades y ciudadanía en general, recursos didácticos, campañas de formación y solidaridad, análisis, posicionamientos públicos y diálogos virtuales, entre otras acciones, las cuales apuestan en el quehacer y pensar colectivos para asegurar la protección de las comunidades educativas y de sus derechos humanos.

No hay duda de que la pandemia y el cierre de las escuelas tienen un impacto en la realización del derecho a la educación, a corto, mediano y largo plazo. Por eso la importancia de, en el corto plazo, buscar mecanismos de continuidad de procesos de enseñanza y aprendizaje, siempre considerando que dichos mecanismos tienen que buscar contrarrestar desigualdades sistémicas; en el mediano plazo, buscar asegurar que los y las estudiantes logren retornar a las escuelas y brindar apoyos adicionales para el proceso de regreso y reintegración a la cotidianeidad; y en el largo plazo, buscar asegurar una capacidad de respuesta más rápida y oportuna frente posibles nuevas crisis.

En la búsqueda por estar respuestas, será fundamental fortalecer los esfuerzos de movilización y cooperación entre sociedad civil, gobiernos e instancias supranacionales, impulsando el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas que apoyen el enfrentamiento de la pandemia y sus efectos.

Además, para proteger, respetar y realizar el derecho a la educación en el actual escenario, es crucial que la comunidad educativa esté debatiendo de manera pensante sobre todo lo que implica la actual pandemia, en términos sociales y medioambientales, incluso la toma de consciencia sobre la centralidad de considerar la vida de los y las demás, de practicar solidaridad y responsabilidad colectiva. Pues, practicar el sentido de lo común también es parte integral del derecho humano a la educación.

Por

Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE

[1]     Para más información sobre los impactos del COVID-19 en la educación de América Latina y el Caribe y las respuestas de los gobiernos de la región a la pandemia, así como conocer los posicionamientos y acciones desde la sociedad civil, accede a las páginas de seguimiento a la temática de UNESCO regional, SITEAL y CLADE.



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